Pequeños ayuntamientosLa encuesta sobre las diputaciones provinciales llevada a nuestro último editorial refleja, no sólo en Béjar, la necesidad de transformaciones en el sistema de la administración pública española. Al debate de la necesidad o no de la existencia de las diputaciones, que surgieron para dar respuesta a problemáticas del siglo XIX, habría que añadir otra definición estructural de primera magnitud: ¿Sobran ayuntamientos en España?

A primera vista, sólo de pasar por muchos de ellos, uno se percata de que la respuesta a esa interrogante podría ser positiva. La proliferación de esa célula madre de la estructura de gobierno puede llegar a ser una carga pesada para la economía y no guardar relación alguna con el beneficio de las funciones que tiene asignadas.

No obstante, en España sería extraordinariamente difícil una modernización que inyecte eficiencia a los gobiernos locales. Hay una razón que lo impide, tal vez más poderosa que la tradición, folclórica e innecesaria, de tener un alcalde propio: la micro política que sustenta a la macro política de los partidos.

Tendrán los ciudadanos que aceptar que los partidos necesitan de los ayuntamientos como cimiento de su representatividad y como producto de la suma de sus influencias. ¿Acaso no es cierto que los asuntos municipales adquieren los colores del partido que los dirige? ¿Es verdad o mentira que los problemas de las localidades se convierten en verdaderos campos de batalla de los políticos para mantenerse o alcanzar el poder?

Los ciudadanos, en consecuencia, están obligados a consentir y tomar parte, para la solución de las necesidades elementales de sus localidades, en la batalla política. Lo que implica apoyar a unos y oponerse a otros, contribuyendo a hacer de la necesidad de una escuela una puñeta de tres pares de cojones.

Por supuesto, no estamos hablando de la extinción de los ayuntamientos, porque son la forma más directa de gobierno. Nos referimos al exceso de éstos y al exceso del gasto público que eso conlleva.

Hay datos interesantes que no pueden pasar inadvertidos para ninguno de los componentes de la estructura administrativa estatal y, sin embargo, parecen no estar en ninguna agenda gubernamental ni el programa de ningún partido.

Veamos uno de esos datos. España tiene 8.112 ayuntamientos. De ellos, 4.861 tienen menos de 1.000 habitantes. Esto significa que el 60% de los ayuntamientos existen para administrar asuntos que afectan a muy contadas personas y para hacerlo gastan, sólo en personal, entre el 20 y el 40% de sus presupuestos. Esos 4.861 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes reúnen solamente al 3,2 % de la población española.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas nos ofrece un dato más cercano a los bejaranos, aunque para peor: “Castilla y León cuenta con 2.248 ayuntamientos, de los que 1.979, un 88%, tienen menos de 1.000 habitantes”.

Los gastos corrientes, especialmente de personal, de esa anormalidad administrativa tiran de los bolsillos de los ciudadanos. Si lo que importara fuera hacer más eficiente la economía reduciendo el gasto público, el recorte de ayuntamientos podría rendir buenos beneficios e inyectar modernidad a la administración pública. El problema es que tendríamos que enviar a muchos alcaldes al paro y los partidos cuentan con ellos