Ana María CarrónEn Candelario no rige la Constitución como en el resto de España. Tiene la alcaldesa un poder especial, por decreto de su propia obstinada voluntad, para impedir lo que en cualquier lugar de este país es parte de los derechos con que la Carta Magna ha dotado a la libertad de información. Ana María Carrón –¡créalo o no lo crea!--, ha decretado en esa pequeña localidad una especie de Estado de Excepción de la labor mediática.

La señora alcaldesa, con el apoyo de su Equipo de Gobierno, ha votado en contra de una moción presentada por el portavoz del PSOE, Pablo A. Hernández, que hubiera puesto fin a las medidas de restricción de la actividad periodística impuestas allí sin respaldo legal y violando derechos básicos de la democracia española: la negativa de permitir a los periodistas emplear sus medios de trabajo para cubrir informativamente los plenos del Ayuntamiento.

La moción en cuestión fue el único punto del orden del día del Pleno Extraordinario celebrado en la tarde de hoy. Su contenido tenía como antecedente aquella prohibición hecha por la alcaldesa Carrón a los periodistas asistentes al último Pleno Ordinario y la amenaza de expulsarlos del salón plenario; lo que terminó en la retirada de los mismos y la de los tres concejales del PSOE.

El texto sometido a aprobación planteaba un acuerdo “por el que la Corporación municipal, reconociendo el carácter público de las sesiones plenarias y por tanto el derecho a la información y participación de los vecinos, se compromete a facilitar el trabajo de los medios de comunicación con los medios de trabajo que consideren necesarios, incluida la grabación y difusión de las sesiones plenarias, sin que pueda realizar ningún tipo de censura previa. Y revocar las decisiones anteriores que prohibían la grabación por cualquier medio de los plenos”.

La respuesta de la Alcaldesa, fue su propia decisión --ya tomada-- de que los plenos de Candelario fuesen grabados en video por el propio Consistorio y colgados de su página web. De acuerdo a sus palabras, es fenomenal que las personas tengan conocimiento de lo que pasa en el Consistorio y nada tiene que ocultar, por lo que considera que con esa medida asegura una información fidedigna al mundo entero. “Mayor información no se puede dar”, afirmó.

La medida, peor pensada no pudo ser. Ni peor dicha. La grabación de los Plenos por el Ayuntamiento y la inclusión de éstos en la página web no tiene nada que ver con el trabajo periodístico. El Ayuntamiento de Candelario podrá colgar los videos que le parezcan necesarios para el que el mundo se entere de lo allí sucede; pero no podrá prohibir a la prensa realizar su labor con los medios que estime conveniente. Y no lo podrá hacer por una razón muy simple: no es una señora Carrión lo que determina los marcos de la libertad de información en España, ni siquiera en un pueblo como Candelario.

La prohibición de la señora Carrón es tan violadora del derecho a la información como el sucedáneo creado para ofrecer una imagen de transparencia, subiendo a Internet sus propias producciones de video. Tal vez la Alcaldesa, en su obstinación, crea que reconocer su error sería una especie de derrota política, cuando en realidad lo que está demostrando es no tener la cultura política necesaria para convivir con el poder en democracia.

No creo que en ningún Pleno de Candelario, pasado o porvenir, se hayan producido o se llegue a producir un incidente que desacredite más a su gobierno que éste. Es un incidente que no va contra la oposición ni de él se derivan acciones repudiables de acuerdo al criterio de sus adversarios; no es éste un incidente político sino un hecho ilegal y punible, que vulnera la Constitución Española. Y, cualquier gobernante, del color que sea, puede llevar la política a su aire, con desaciertos y contubernios, con mala leche y poca mente; pero lo que no puede hacer ninguno es hacernos creer que su poder es suficiente para ponerle mordaza y piedras en el camino a la libertad de información.

Eso ya fue. Y alguien debería explicárselo a la señora Carrón.