• Luis Nieto también será el nuevo vicepresidente del CGAE Salamanca. El Consejo General de la Abogacía de España (CGAE) ha designado al decano de los Abogados de Salamanca, Luis Nieto, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita.
Esta designación supondrá que el decano salmantino también será uno de los Vicepresidentes del Consejo General, además de ser miembro de la Comisión Permanente de este órgano de gobierno de los abogados españoles.

El nombramiento de Luis Nieto como presidente de la Comisión de
Justicia Gratuita, de l que ya era vocal, se oficializó el pasado día 26 de febrero, en el Pleno del CGAE, donde el presidente del Consejo, Carlos Carnicer, hizo esta designación al expirar el mandato de su anterior titular.
La designación comportará un mayor esfuerzo y responsabilidad por
parte de Luis Nieto, pero también podrá servir como cauce para plantear desde el Colegio de Abogados de Salamanca las propuestas de mejora del estatus profesional que entre todos los abogados salmantinos se estime oportuno.

La Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía
de España es la encargada, como parte de sus competencias, de
coordinar y dirigir las competencias del CGAE sobre la Asistencia Jurídica Gratuita, además de las relaciones con el Ministerio de Justicia para estos asuntos.
Otras competencias de la Comisión son: el establecimiento de criterios uniformes para el reconocimiento de aptitud para la prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, coordinando, en su caso, las normas existentes en cada momento en las distintas Autonomías.
La Comisión de Justicia Gratuita también tiene que realizar un
seguimiento de la problemática generada por la legislación estatal y
autonómica de Asistencia Jurídica Gratuita y dar contestación de las
consultas relativas a la Asistencia Jurídica Gratuita.
También es competente en la coordinación y fomento de la asesoría
jurídica y defensa en turnos especializados SOJ, menores, penitenciario, extranjería o violencia doméstica; así como promover cuantas acciones sean necesarias a fin de garantizar plenamente y en cualquier situación el derecho constitucional de defensa.