IU tacha de contraria al estado de derecho la postura del PP en la nueva ley del aborto, celebra que se otorgue a las mujeres la posibilidad de decidir y espera que la nueva ley garantice que puedan realizarse abortos en centros públicos.

Este lunes entró en vigor la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una ley que viene a corregir la deriva de la anterior ley despenalizadora del aborto de 1985 que en la práctica hacía pasar bajo el supuesto de riesgo para la salud de la madre (el 96,96 % de los abortos practicados en el último año) lo que ahora se reconoce como derecho a decidir de las mujeres dentro de un plazo (el 88,80 % se practicaron dentro de las 12 primeras semanas).

Lo sorprendente es que ahora parezca volverse a discutir, no la ley, que ya ha seguido el correspondiente trámite parlamentario, sino que se vuelva al debate ya superado de aborto sí o aborto no;  y lo más preocupante ha sido la reacción de algunos barones del PP, especialmente Ramón Luis Valcárcel, presidente de la comunidad de Murcia, de no acatar y no querer hacer cumplir una ley ya en vigor hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional. Postura que ha sido matizada por la dirección del PP, pero con la que se ha sido condescendiente en una  ambigüedad deliberada. Resulta preocupante y peligrosa porque resulta francamente antidemocrática y contraria a uno de los principios básicos del estado de derecho, que es el imperio de la ley. Esta posición parece impropia del principal partido de la oposición que actúa por mero cálculo electoral y sin deslindarse definitivamente de los sectores más conservadores del nacionalcatolicismo que parecen constituir su base social.

¿Y cómo está la situación en Salamanca y en Castilla y León? Castilla y León se sitúa muy por debajo de la media de abortos practicados por cada mil mujeres (un 6,78 %) y ya parece haber iniciado medidas para la aplicación de la ley. Desde IU Salamanca, sin embargo, nos hemos sorprendido con las declaraciones de Manuel Gómez Benito, presidente del Colegio oficial de médicos de Salamanca, quien afirma que ?la gente no estudia medicina para aplicar la ley del aborto?, porque reflejan una concepción de la medicina centrada en el médico y no en el paciente muy poco democrática, ya que no tiene en cuenta los derechos de los pacientes a decidir sobre su propia salud de la que sólo ellos son soberanos y no los médicos. Una concepción de la medicina que está muy extendida lamentablemente en el ámbito de la medicina pública y no así en la privada, donde los médicos son muy solícitos para atender los deseos costosos de sus pacientes (ya sea en cirugía estética, salud bucodental, oftalmología, etc.).

No es de extrañar, por tanto, aunque sí sea muy preocupante que sólo el 1,9 % de los abortos se practiquen en centros públicos (y la cifra va en descenso).
Por eso, desde IU celebramos una ley que reconoce derechos a los pacientes y, especialmente, a las mujeres a decidir si continúan o no con el embarazo; una ley que tiene como uno de sus objetivos la reducción del número de embarazos no deseados (porque promueve una educación afectivo sexual totalmente necesaria) y, por último, desde IU también exigimos que la ley garantice su práctica en los centros hospitalarios públicos de cada provincia o comunidad (algo que no queda claro en esta ley).