Elpais.com.- IGNACIO URQUIZU
Las encuestas que se vienen publicando las últimas semanas en los medios de comunicación siguen dando como vencedor al Partido Popular. Por ello, algunos analistas han concluido que los ciudadanos toleran la corrupción. Se transmite así una negra imagen de los votantes. Los españoles serían unos individuos indiferentes ante el saqueo de las arcas públicas. Si este argumento fuese cierto, la desafección no debería ser con la política, sino con los ciudadanos.
No obstante, estos argumentos son dudosos e incompletos, puesto que prestan muy poca atención al funcionamiento de las democracias. Nuestros sistemas políticos tienen dos límites muy importantes. Por un lado, el control de los políticos por parte de la ciudadanía se reduce al voto. Este instrumento es bastante limitado. Los ciudadanos tienen que transmitir tantos mensajes con una sola papeleta que en muchas ocasiones lo que transmiten es casi nada. Con un solo voto deben evaluar la política social, la económica, la de seguridad, la internacional, la corrupción, la personalidad de los dirigentes, etcétera, y evaluar tanto al gobierno como a la oposición. Pero, en ocasiones, un solo tema candente -por ejemplo, el paro ahora- termina condicionando el sentido de su voto. ¿Qué pasa entonces con el resto de cuestiones? El voto es, pues, un instrumento con limitaciones.

El segundo límite de las democracias es la información. Ésta no está distribuida de forma equitativa y, generalmente, un grupo de ciudadanos sabe mucho más que el resto. Ante la ausencia de información o la presencia de información contradictoria, los votantes terminan usando la ideología. Dicho en otras palabras, cuando uno no sabe a quién creer, acaba creyendo a los "suyos". Esto significa que la ideología acaba condicionando el comportamiento electoral, pesando mucho más en la decisión de voto que cualquier otra cuestión.

Por ello los partidos suelen desencadenar estrategias de "confusión". Quizás un ejemplo lo aclare. Las recientes noticias de la trama Gürtel han sido acompañadas en los medios de comunicación de la derecha y en los portavoces del PP de mucho "ruido". Como narraba Ignacio Sánchez-Cuenca en estas páginas (EL PAÍS, 16-4-2010), el PP ha lanzado todo tipo de cortinas de humo para evadir sus responsabilidades. Su objetivo es generar la suficiente confusión para que sus votantes, a la hora de encontrar seguridades, tengan que recurrir a la ideología y, en consecuencia, no les abandonen. Lo que persiguen es que la ideología conservadora pese mucho más que la corrupción a la hora de votar.

Uno de los riesgos de las democracias es que los partidos usen de forma ventajista estos límites de la democracia para extraer conclusiones erróneas. Por ejemplo, que las urnas no sean un instrumento perfecto para depurar responsabilidades políticas, no significa que los acusados sean inocentes. Ganar elecciones no implica la absolución.

Los dirigentes del PP saben que las sentencias judiciales forman parte del juego político. Por ello, desarrollan todo tipo de maniobras para evitar también este tipo de responsabilidad. No buscan tanto que sus imputados sean declarados inocentes como que errores en el procedimiento les absuelvan. Desde el caso Naseiro, el PP no aspira a ganar los juicios demostrando la inocencia de sus militantes, sino que confían en que algún fallo en la investigación policial o en la instrucción judicial del caso les permita evitar la responsabilidad jurídica. Por eso ponen constantemente en cuestión el trabajo elaborado por la policía o las escuchas telefónicas ordenadas por el juez. Estos trucos están muy alejados del "comportamiento ejemplar" que se espera de la oposición, del que nos hablaba José María Lassalle recientemente (EL PAÍS, 14-4-2010).

Afortunadamente, la responsabilidad política no se reduce a una relación entre gobernantes y votantes, los políticos también deben rendir cuentas ante sus compañeros de partido. Cuanto más democrática es una formación, mayor es el control que sufren sus dirigentes por parte de sus bases. El grado de apertura interna de un partido suele estar muy relacionado con la forma de seleccionar a los líderes. Desde que José María Aznar fue elegido líder del PP, la selección de candidatos se redujo al "dedo". Por lo tanto, el PP está lejos de poder ser catalogado como un partido abierto internamente. Seguramente por ello la rendición de cuentas de los dirigentes del PP hacia sus militantes sea tan escasa.

Esto explicaría por qué algunos de los implicados en la trama Gürtel todavía no han asumido responsabilidades políticas, especialmente en Valencia. Mientras gocen del favor de los principales dirigentes del PP, no piensan dejar sus cargos. Sólo cuando pierden la confianza de la calle Génova dimiten. De hecho, tanta es la confianza que tiene Rajoy en Camps, o tanto le debe, que acaba de decir: "Camps será el candidato. Diga la justicia lo que quiera".

En definitiva, la democracia no es perfecta a la hora de controlar a los políticos. Los partidos tienen mecanismos -el reduccionismo del voto y la manipulación de la información- para eludir sus responsabilidades. Si a esto le añadimos, como en el caso Gürtel, una formación política poco democrática en su funcionamiento interno, podemos entender por qué cierta corrupción tiene muy limitadas consecuencias políticas en la España de hoy.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.