Útiles para una limpieza públicaEn el día de ayer he recibido contestación de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo respecto a mi denuncia de las ilegales obras del nuevo Matadero municipal de Béjar y de la dejación de funciones generalizada por parte de las instituciones con competencias y responsabilidades en la materia.

La Sra. Paz Barros Comesana me informa que el Defensor del Pueblo Europeo sólo investiga las denuncias sobre órganos de la Comunidad Europea o, lo que es lo mismo, que no tiene competencia en el caso, por lo que me aconseja acudir al Procurador del Común de Castilla y León. Ya ven cómo están las cosas. El laberinto administrativo y legal nos engulle y los desmanes continúan con total impunidad. Pero no desfallezcamos. Vamos a seguir golpeando con el mazo de la razón y la palabra. Sin tregua. Puede que, al final, la roca se desmorone.

Reproduzco, a continuación, copia de la carta remitida por la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo:

“Estimado Señor Velasco Maíllo:

Paz Barros”

Y, a continuación, copia de mi contestación, prestando mi consentimiento al traslado de la reclamación ante el Procurador del Común.

"Apreciada Sra Paz Barros, Oficina del Defensor del Pueblo Europeo:
European Ombudsman
1, avenue du Président Schuman
BP 403
F-67001, Strasbourg Cedex, Francia

El Ayuntamiento ha construido un Matadero industrial sin previa declaración de impacto ambiental y sin urbanización básica que dé servicio a la instalación. Es un asunto que se resume en una sola frase y parece simple, pero que encierra la imagen de la ruina institucional y moral de una antigua y hermosa ciudad y la promesa de un futuro aún peor

En la ciudad de Béjar tenemos un problema, un grave problema. El Ayuntamiento ha construido un Matadero industrial sin previa declaración de impacto ambiental y sin urbanización básica que dé servicio a la instalación. Ya ve, es un asunto que se resume en una sola frase y parece simple, pero que encierra la imagen de la ruina institucional y moral de una antigua y hermosa ciudad y la promesa de un futuro aún peor. Llevo denunciando este asunto desde hace un año ante todas y cada una de las instancias administrativas de España que tienen o podrían tener relación con el caso, ya sean locales, autonómicas o estatales, sin haber obtenido respuesta alguna la mayoría de las veces, o con respuestas, cuando las ha habido, que constituyen todo un muestrario de la incompetencia, el cinismo y la dimisión generalizada en el ejercicio de las responsabilidades públicas que imperan por estos lares.

Después de seguir, durante los tres últimos años, las actuaciones en materia de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de Béjar, y de la supervisión de las mismas ejercida por la Administración de rango superior que debería velar por el puntual cumplimiento de la normativa vigente, que es la Junta de Castilla y León, he acumulado experiencia y pruebas suficientes para poder afirmar que ambas instituciones conculcan la legislación frecuentemente y en determinados casos, de forma sistemática, todo ello, eso sí, bajo la coartada de un proclamado interés general que una buena parte de los ciudadanos no vemos por ningún lado.

Con estos antecedentes y como bien puede comprender, la razón por la que he acudido a las instancias europeas es mi explicable falta de fe en las instituciones administrativas de este país para resolver con probidad en este caso. En la esperanza, quizá quimérica, de que las instituciones europeas, de reciente creación, con funcionarios inocentes e ilusionados, tengan una actuación, digamos, puramente profesional, ajustada a las normas que los ciudadanos europeos nos hemos impuesto para tener, según nos han contado, una administración más moderna, eficaz y solidaria.

Tengo que reconocer que no he acudido con mi queja al Procurador del Común, presuponiendo, quizá sin razón por mi parte, que su actuación no será ecuánime y que la iniciativa resultará, una vez más, inútil. Probablemente mi presunción esté contaminada por la constatación de la inoperancia de mis repetidas denuncias ante unos organismos u otros. El Gobierno de España no actúa porque las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. Y todo parece indicar que las Comunidades Autónomas están convirtiendo estas sensibles materias del urbanismo y el medio ambiente en puras "parcelas de poder político" que administran, cada día más, según intereses partidistas al margen del interés público. Ésta es la triste y dura realidad

¿Adónde podemos acudir los ciudadanos? ¿Es que sólo nos queda la costosa solución de acudir a los colapsados Tribunales de Justicia que, en el mejor de los casos, dictarán su resolución en un plazo de 4 a 6 años, cuando ya nada tenga remedio?

¿Adónde podemos acudir los ciudadanos? ¿Es que sólo nos queda la costosa solución de acudir a los colapsados Tribunales de Justicia que, en el mejor de los casos, dictarán su resolución en un plazo de 4 a 6 años, cuando ya nada tenga remedio?

En cualquier caso, atendiendo a su amable sugerencia, le otorgo mi consentimiento para efectuar la transferencia de este asunto al Procurador del Común de Castilla y León, rogándole que le transmita también esta carta.

Quedo muy agradecido por su gestión

Manuel Velasco Maíllo"