BéjarLa frontera entre lo correcto y lo incorrecto puede depender solamente del punto de vista de quien hace sus propias valoraciones. Y cualquier valoración que se haga incluye la información que se tenga del asunto en cuestión, así como las convicciones, intereses, influencias externas y toda la gama de ideas predeterminadas del ser pensante. Por tanto, no resulta nada extraño que las personas piensen cosas diferentes sobre lo mismo.

Ahora bien, pensemos nosotros cómo es posible la unanimidad de criterios en los temas que van más allá de lo personal y se internan en el mundo, complejo y parcial, de la política. La voluntad popular, que es el pilar de la democracia, resulta por lo general la voluntad de una parte y contradice lo que cree la otra. Es una cuestión de mayoría y no de totalidad. ¿Cómo extrañarnos de que en una población como Béjar existan criterios yuxtapuestos sobre un tema que afecta al ciento por ciento de la población como el PGOU?

Los partidos, que dirigen en representación de quienes optaron por ellos en elecciones libres, no pueden ignorar que nunca, jamás de los jamases, van ser la palabra de la ciudadanía sino de un segmento de ella y, por esa misma razón, ante cualquier decisión trascendente tendrían que asegurarse de al menos dos cosas: que sus propios simpatizantes los apoyan y que los simpatizantes de otros partidos, y hasta los que no simpatizan con ninguno, sean bien informados y dispongan de los canales adecuados para expresar sus desacuerdos.

Para eso, que se aproxima a la utopía del consenso público en un sistema donde no hay consenso político, se precisa de una sensibilidad especial para explicar a todos los ciudadanos de las decisiones tomadas en la cúpula gobernante, lo que no tendría sentido sin la disposición para informar objetivamente y asumir las opiniones que no concuerden con las suyas.

Tomando en cuenta que la ciudadanía tiene muy pocas oportunidades de expresarse por sí misma en el ejercicio del poder que le confiere la democracia —léase el derecho al voto— y que en lo adelante está sujeta a lo bien o lo mal que lo hagan sus elegidos para actuar en su nombre, cosas excepcionales como el diseño y aprobación del PGOU y otras problemáticas locales de elevado interés de toda la población —léase el servicio hospitalario—, podrían darle un aspecto más participativo a la voluntad popular.

No son tantas las ocasiones para algo así y probablemente la gente agradecería que se contara con ella. Lejos de restarle fuerza a los gobernantes, la capacidad para comprender las necesidades de la población y tomar en cuenta sus criterios, más bien los fortalece.

En el caso que tenemos sobre la mesa, el PGOU, hay contradicciones suficientes para que el Equipo de Gobierno comprenda que tal vez no tiene razón en todo, que su proyecto de ciudad está chocando contra los intereses de una parte considerable de la población y que no es saludable — para una ciudad que ya tiene bastante con su crisis permanente— que se haga de este asunto un motivo más de apatía hacia los derechos que garantiza la democracia y de desilusión de la capacidad de los políticos para solucionar los problemas que comprometen el futuro de la ciudad.

Supongo que podría ser meritorio que fuera el propio Equipo de Gobierno quien asumiera la rectificación de los errores que se pudieran haber cometido en la creación del PGOU y que abra ahora la consulta popular que no hubo antes. Sería un procedimiento consecuente con la responsabilidad que ostenta y una muestra de flexibilidad que es inherente al poder en representación de las mayorías.